“Campesino es campesino, ya sea de aquí o de allá”, dice labriego de Villa de Leyva

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Redacción Comercial | Agencia Nacional de Tierras

Villa de Leyva, Boyacá, Colombia, 24 de abril de 2018 (@AgenciaTierras). El hecho de haber conocido a larga distancia los horrores de más de 50 años de conflicto armado, no ha hecho insensibles a los campesinos del municipio boyacense de Villa de Leyva. Por el contrario, ellos han sentido como propio el dolor ajeno y por eso dicen estar de acuerdo con el proceso de paz que pactaron hace más de un año el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc.

“Campesino es campesino, ya sea de aquí o de allá”, aseguró convencido Marco Antonio Pinilla, un labriego de la vereda La Capilla de Villa de Leyva, en la provincia de Ricaurte. “Aquí, gracias a Dios, no padecimos la violencia” de ninguno de los actores del conflicto armado. “Esto por aquí ha sido un paraíso”.

Pinilla, un hombre talentoso y de pocas palabras, fue uno de los 50 campesinos boyacenses que el martes recibieron los títulos de propiedad de sus tierras en el marco del programa de formalización que, desde su creación, hace casi dos años, adelanta la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de su director, Miguel Samper Strouss.

“Este es el mensaje que queremos llevarles a las ciudades: que el campo, que ha sido históricamente olvidado, merece toda la atención del Estado y de la sociedad (…) para poder generar prosperidad”, aseguró Samper Strouss ante un poco más de 200 campesinos en el claustro villaleyvano de San Francisco.

En general, las escrituras de propiedad del medio centenar de agricultores de Chivatá, Motavita, Cómbita, Ramiriquí, Moniquirá, Oicatá, Ventaquenada y Villa de Leyva permanecían en una especie de limbo jurídico por diferentes motivos, como transacciones hechas de palabra, o con carta venta, o títulos no registrados, o sucesiones que nunca se realizaron con todas las de la ley.

En el caso de Pinilla, casado y padre de ocho hijos, el título de propiedad que recibió en la jornada fue como desempolvar momentos tristes del pasado. En marzo de 1962, su hermano mayor, Juan José Pinilla, partió de su casa para el departamento del Tolima en busca –según dijo entonces– de mejores de horizontes para él y su familia.

Para ese momento, Juan José Pinilla tenía 29 años y una vida por delante. De acuerdo con Marco Antonio Pinilla, un amigo de su hermano le propuso viajar “al Llano dizque porque allá sí se ganaba bueno” –en referencia al dinero. “Hasta ahí supimos de él. Quién sabe qué pasó. A lo mejor lo engañaron en esas tierras tan peligrosas”, observó.

Fue tal la desesperación de los Pinilla con la desaparición de Juan José que la madre de ellos, Tránsito Pinilla, acudió a todo lo que estaba a su alcance para tratar de ubicarlo. Es más, en medio de la desesperación, incluso buscó los servicios de adivinos y de brujos, es decir, de avivatos.

El primero, no sin antes exigirle una considerable cantidad de dinero, le dijo a la afligida madre que su hijo vivía en el sur del país, que estaba millonario y que por eso se había olvidado de la familia. “El tipo le explicó a mi mamá que la plata no dejaba pensar a la gente y que por eso Juan José se había olvidado de nosotros”, recordó Marco Antonio Pinilla, quien calificó a su hermano como un hombre noble y buen hijo.

Un segundo embaucador concluyó que Juan José había muerto seis años atrás y que había dejado seis hijos. “Pero todo eso eran mentiras. Si hubiera dejado hijos, alguno de ellos se hubiera aparecido por aquí”, agregó. “Mi hermano, creo yo, murió por el mismo tiempo en que desapareció”, añadió.

En 1967, el padre de Marco Antonio Pinilla, Benedicto Pinilla, le dijo a su hijo que se hiciera cargo de un lote de poco más de 12.000 metros cuadrados –llamado El Morro– mientras aparecía su hermano mayor. De eso hace más de 50 años.

Durante más de medio siglo El Morro ha pertenecido a los Pinilla, aunque sin documentos legales. Nadie les ha puesto problema. Siempre, por ejemplo, lo han tenido sembrado con papa y maíz. Pero, según las palabras de Marco Antonio Pinilla, ya era hora de legalizar “El Morro” para dejárselo a sus hijos, “para que hagan su ranchito y tengan donde meter la cabeza”.

Hoy, a sus 74 años, Marco Antonio Pinilla es un hombre tranquilo. Sus hijos y sus hijas ya organizaron sus vidas. Dos son profesionales. Marco Antonio Pinilla vive con su esposa en una casa que le ayudaron a construir sus hijos.

Por allá en los años 70 del siglo pasado tuvo un accidente con un caballo que le dejó una discapacidad en su pierna derecha. Alguna vez, en épocas recientes, le hablaron de una operación para corregir un poco la lesión, pero el especialista le hizo una advertencia: “tiene que abandonar el campo y venirse para la ciudad”.

“Doctor –le dijo Marco Antonio Pinilla al médico–, yo prefiero seguir así antes que dejar mi tierra. Yo me quedo aquí. Si dejo mi tierra ahí sí me muero, pero de tristeza”.

Finalmente, Marco Antonio Pinilla, durante una entrevista en su finca con la Agencia de Tierras, se declaró un defensor a ultranza del proceso de paz que sellaron en La Habana el gobierno colombiano y las otrora guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o Farc. Para él, sin embargo, en la negociación algo quedó cojo: que no todos los rebeldes se desmovilizaron y, como disidentes, aún siguen en armas en algunas zonas de Colombia.

“El proceso de paz es una mejora para todos nosotros y para el país”, concluyó.

Cifras para tener en cuenta

Pese a ser una institución joven, entre 2016 y abril de 2018 la Agencia de Tierras formalizó y legalizó 40.338 predios en todo el territorio colombiano. De ellos, incluidos los de Villa de Leyva, 6.716 fueron en procesos de formalización de la pequeña propiedad rural, es decir, la Agencia convirtió en propietarias de su tierra a 6.716 familias que no tenían seguridad jurídica sobre sus fincas.

Otros 32.200 han sido legalizados mediante procesos de adjudicación de baldíos a campesinos sin tierra. Los restantes hacen parte de los programas de formalización de predios a familias que abandonaron los sembrados de hoja de coca hace años (1.065) y de la legalización de predios a entidades de derecho público (357).

Estos títulos han sido entregados en municipios vulnerables de 29 de los 32 departamentos del país, esto es, en casi todo el territorio nacional. De esta forma, la Agencia ha avanzado en la meta impuesta por el Acuerdo de Paz de formalizar siete millones de hectáreas y administrar en el Fondo de Tierras otros tres millones de hectáreas para brindarles acceso a este elemento productivo a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

En síntesis, la Agencia ha logrado legalizar y formalizar desde que se creó un total de 1’470.000 hectáreas. También se han legalizado 608.322 hectáreas más a comunidades étnicas para salvaguardar sus derechos a la tierra, a través de la constitución, ampliación y titulación colectiva de resguardos indígenas y de comunidades negras.

Estos logros, en cuanto a formalización y acceso a predios, permite promover un aumento en la productividad agropecuaria del país. Según estudios avalados por el Banco Mundial, los campesinos a quienes se les formaliza tierra pueden incrementar sus ingresos hasta en un 73,8%, pasando de 1,48 millón de pesos a 2,57 millones de pesos al mes.