
Desde 2026, el proceso para obtener la licencia de conducción en Colombia entra en una nueva etapa que redefine por completo los estándares de formación y evaluación de conductores. Las autoridades buscan elevar el nivel de exigencia con un sistema más estricto, diseñado para certificar habilidades reales al volante y reducir los riesgos en las vías.
Uno de los cambios más relevantes introduce un esquema dividido que rompe con el modelo tradicional. La Resolución 20253040037125 establece que las instituciones encargadas de enseñar ya no podrán evaluar a los aspirantes. Esta decisión apunta a eliminar cualquier conflicto de interés y fortalecer la credibilidad del proceso. En adelante, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) se concentrarán únicamente en la formación.
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El rol de evaluación pasa a manos de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), organismos independientes responsables de validar si cada aspirante cumple con las competencias exigidas. Este nuevo filtro cobra especial importancia en entornos urbanos complejos como Bogotá, Medellín y Cali, donde la dinámica del tráfico exige conductores mejor preparados y con mayor capacidad de reacción.
El rediseño también alcanza las pruebas de conocimiento. El examen teórico abandona el enfoque memorístico y prioriza la comprensión. Ahora, los aspirantes deben demostrar que interpretan correctamente las normas de tránsito, analizan situaciones reales y conviven de manera segura con peatones, ciclistas y otros actores viales. Este cambio responde a una visión más moderna de la movilidad, centrada en la prevención y la responsabilidad compartida.
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En cuanto a la evaluación práctica, el nuevo modelo incorpora dos fases obligatorias. Primero, los candidatos enfrentan una prueba en pista cerrada, donde deben demostrar control del vehículo, maniobras básicas como arranque, frenado y parqueo. Luego, quienes superen esta etapa avanzan a una prueba en vía pública, diseñada para medir su desempeño en condiciones reales de circulación.
El fortalecimiento del sistema implica también un aumento en los costos y en el tiempo necesario para completar el trámite. Sin embargo, la Superintendencia de Transporte asumirá la supervisión del proceso para garantizar transparencia y cumplimiento de las normas.
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Con este rediseño, obtener la licencia deja de ser un requisito administrativo y se consolida como una certificación rigurosa de competencias. La medida se alinea con tendencias internacionales que priorizan la seguridad vial y buscan reducir la accidentalidad mediante conductores mejor capacitados.